Diálogos por México

Diálogos por México es una plataforma que permite generar una visión de lo que se debe realizar en el país; partiendo de un análisis claro y objetivo se hacen planteamientos en los diversos temas de la agenda pública: Seguridad, economía, infraestructura, educación, salud, entre otros rubros. Diálogos por México puso de manifiesto el capital humano con el que cuenta el PRI; capacidad, talento, conocimiento, visión del mundo; talentos y capacidades que, junto a la sociedad, sumando la fuerza de los partidos de oposición, es viable ponerlas al servicio de la nación, para resolver los problemas que han ido creciendo en nuestro país.

Los diálogos presentan diagnósticos reales de la situación en la que México se encuentra, suma ideas de políticas públicas para solución de los males que nos aquejan como nación; seguridad que sea proporcionada por cuerpos policiales de mando civil, inversión pública productiva que promueva el empleo y el crecimiento, infraestructura hospitalaria funcional, abasto de medicinas, equipo médico suficiente, fueron parte de las ideas de personas con probada experiencia en el servicio público, con trayectoria, con amplio conocimiento del país, con una visión de la integración de México en el mundo: Beatriz Paredes Rangel, Ildefonso Guajardo, Alejandro Murat, José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Massieu, Esteban Villegas, Enrique de la Madrid y Miguel Riquelme Solís. Beatriz Paredes Rangel dio una muestra precisa de experiencia, manejo político, claridad de ideas y serenidad en las expresiones; una mujer con una plataforma política nacional producto de su bagaje político y presencia nacional; Ildefonso Guajardo, un hombre que con la renegociación del Tratado de Libre Comercio dejó clara su posición como hombre negociador, hombre de partido con experiencia legislativa y visión clara del mundo; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y exservidor público federal, habló de la construcción de una agenda nacional a partir de lo realizado en lo local; José Ángel Gurría, tal vez la persona con más experiencia en el escenario mundial, quien con datos y comparativos claros manifestó que sí se puede tener un mejor país; Claudia Ruiz Massieu puso ante los priistas temas de los cuales muchos quieren hablar, nuestra posición en el escenario político nacional, pero también asumiendo la responsabilidad propia en esa posición que hoy tiene el PRI; Esteban Villegas llegó como todo rock star, motivando a la militancia, diciendo que es posible construir una alianza pareja, que sume y trascienda; Enrique de la Madrid dijo claro que aspira ser el presidente de México que ponga a nuestra nación en otro nivel como país; Miguel Riquelme Solís, con la experiencia local como gobernador, manifestó que ante el abandono federal es preciso hacer cosas locales que fortalezcan a las entidades federativas y blindar los problemas que este país tiene. Diálogos por México es el punto de inicio para construir un proyecto claro, responsable, incluyente, comprometido y real que una a las diversas fuerzas políticas, para lo cual es preciso retomar las pláticas, renovar la confianza y privilegiar intereses superiores a los que de manera individual tenemos cada actor político.

Autonomía universitaria

La Universidad Autónoma de Chihuahua está viviendo hechos inéditos, en un año ha tenido cuatro rectores y en ese mismo año, intereses que han vulnerado el desarrollo y estabilidad; en el último caso, es decir, en el amparo que detuvo la toma de protesta del maestro Luis Alfonso Rivera Campos, se violentó la autonomía universitaria mediante argumentos legales carentes de un interés jurídico legítimo por parte de quien promovió el mismo amparo. Analizando el Artículo 3, Fracción VII de la Constitución de la República, podemos advertir que la autonomía de las universidades públicas confiere a las mismas la facultad de autoformación y autogobierno, acotada constitucionalmente para determinar sus planes, programas de estudio, fijar términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; asimismo la forma de administración de su patrimonio. En tal virtud, el amparo que se promovió debió resultar improcedente, ya que se dirigió a un acto que nace de la autonomía universitaria, como lo es el nombramiento de rector; no se trata de un acto donde existe la relación de supra a subordinación, ni siquiera en la facultad de imperio del Estado que pueda causar perjuicio a un particular; ahora bien, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua señala que la elección de rector podrá impugnarse por los integrantes del consejo universitario que representen cuando menos la tercera parte de sus integrantes; hay un plazo de 8 días para realizarlo y una vez realizado serán las dos terceras partes del consejo universitario quienes declaren la nulidad de la elección; que en el caso que nos ocupa no sucedió de esa manera, violentándose el principio de definitividad, por lo que debió decretarse el sobreseimiento del amparo promovido.

Hay una mano que mece la cuna, tal vez varias, de eso no tengo duda; pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que es improcedente el juicio de amparo contra actos derivados del ejercicio de su autonomía, como es el caso del nombramiento de rector; por ello, es preciso recordar alguna expresión de don Artemio Iglesias Miramontes… “hay que estar preparado para ser, para no ser y para dejar de ser”… pareciera que hay quienes no han asumido esta máxima, sobre todo la última parte: “dejar de ser”. Estoy convencido que será un momento que, aunque parece difícil, representará un área de oportunidad para el relanzamiento de nuestra Universidad; la transición será coordinada por un profesional, disciplinado, mesurado y prudente como es el Doctor en Derecho Heliodoro Araiza Reyes; el equipo de la unidad central tiene conocimiento, capacidad, talento y entrega decidida para que la certidumbre impere en nuestra máxima casa de estudios. Estos hechos, sin lugar a dudas, nos deben llamar a los universitarios a defender la autonomía de nuestra alma máter, un principio que si se vulnera pone en riesgo a todas las universidades públicas del país; no es cosa menor que estemos dispuestos a cerrar filas en beneficio de la UACh, eso nos reclama el momento a todos.

El falso debate sobre la seguridad

El debate de esta semana se ha centrado en la política de seguridad de este Gobierno de la República; los índices de inseguridad han ido en aumento, para nadie es un secreto que vamos por un camino sinuoso, sin brújula y con un destino muy incierto.

Dos iniciativas de reformas se debatieron en las últimas semanas, la primera aquella que incorpora a la Guardia Nacional como una parte del Ejército; es decir, un órgano dependiente de las fuerzas armadas, cuyo mando es el secretario de la Defensa y, como todos lo sabemos, el Presidente de la República como jefe supremo de las fuerzas armadas de este país. Esta reforma, aprobada únicamente por Morena, sin los votos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, estoy convencido que no pasará el filtro de la controversia constitucional; es decir, su contenido, contrario a la Constitución, debe ser rechazado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el espíritu de esa reforma no tiene otro propósito más que el Ejército se convierta legalmente en la cabeza de la estrategia de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior y, si me apuran mucho, de la seguridad ciudadana; lo anterior implicaría que por la vía del derecho el Ejército tuviera a su cargo la responsabilidad completa de los asuntos de seguridad del país, hecho que tendría que impactar en otras legislaciones, procesales particularmente, para cuidar el denominado debido proceso legal, circunstancia que no se ha señalado por ningún legislador o legisladora y que viola la Constitución, reitero. La segunda reforma, que propició algunos señalamientos al interior del partido que integra la diputada proponente y en parte de la sociedad mexicana, consistía en reformar un artículo transitorio de la Constitución, mediante el cual se estableció que la fuerzas armadas, Ejército y Marina Nacional apoyarán a la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta que se pudiera contar con una corporación de mando civil estable, fuerte y que se avanzara en el fortalecimiento de las corporaciones policiales locales; el fondo era que se ampliara el periodo de respaldo que concluye en marzo de 2024 y se fuera hasta marzo de 2029. Dos reformas que revivieron el debate sobre la militarización de la seguridad pública, debate en el que tenemos envueltos desde hace 12 años y que no hemos podido librar por falta de una política se seguridad integral; varios intentos se han dado con la idea de crear una corporación en el ámbito federal que combata las células del crimen organizado, con el presidente Vicente Fox, la Agencia Federal de Investigaciones fue la idea que se concretó para trabajar en ese propósito; en ese sexenio creció brutalmente el secuestro, la extorsión y el narcotráfico avanzó; luego, con el presidente Felipe Calderón, se tomó la decisión de desmantelar la AFI y se dio paso a fortalecer la Policía Federal con ese propósito, pero ante los avances que la delincuencia tenía, decidió que las fuerzas armadas respaldaran las labores de seguridad, pero sin dar un marco legal que permitiera que su actuación fuera transparente y provista de legalidad en sus actos; después, con el presidente Enrique Peña Nieto, se concentró en la Secretaría de Gobernacion el tema de seguridad, se intentó crear la denominada gendarmería nacional, se buscó tener una policía nacional única, se intentó dar un marco normativo a las funciones del Ejército en seguridad con la Ley de Seguridad Interior, pero no lo logró, ya que alguna parte de la oposición, los que hoy gobiernan se opusieron. Después de esos intentos viene la Guardia Nacional como corporación que en su nacimiento contó con el apoyo unánime de los legisladores federales; pero que en los hechos no ha logrado cumplir con su propósito, estimo que por falta de estrategia, por no fortalecer a las policías locales y por falta de una visión de conjunto del problema de inseguridad que estamos viviendo. Estando así las cosas, con una falta de continuidad en el modelo policial de combate a la inseguridad, nace la pregunta obligada: ¿Que siga el Ejército apoyando a la Guardia Nacional? O de una vez por todas se toma de decisión política de fortalecer un mando policial nacional civil, de invertir en las capacidades institucionales locales de seguridad pública y seguridad ciudadana, porque corremos el riesgo de seguir perdidos en lo que parece un falso debate que no hace otra cosa que permitir que la criminalidad avance en el país.