Diez acciones en seguridad

Chihuahua ha vivido momentos complejos en materia de seguridad, muchos acontecimientos hemos presenciado a lo largo de nuestra historia; sin embargo, puede decirse que el carácter, la nobleza y temple de quienes habitamos este estado ha permitido modificar las cosas y progresar en diversos rubros. Hoy tenemos un nuevo reto, la crisis de inseguridad que estamos viviendo, producto de la actuación del crimen organizado; esto nos debe llevar a una reflexión profunda sobre la capacidad de acción y reacción que como pueblo debemos tener. Lo más fácil puede ser aventar culpas entre los diversos órdenes de gobierno; reclamar la falta de actuación de unos y de otros, lo cual tendrá como resultado aquello que los delincuentes quieren, vernos divididos. En el pasado, con estrategia, decisión, firmeza y coordinación institucional, logramos bajar la incidencia delictiva, controlar los centros penitenciarios e implementar políticas públicas en materia de prevención social de la violencia; esto se logró con la intervención de la sociedad civil, partidos políticos, legisladores de todas las fuerzas políticas; con los empresarios, académicos y buscando las mejores prácticas que se han desarrollado en el mundo para lograr disminuir la inseguridad.

Un requisito tiene esta estrategia, ese requisito es la voluntad, la voluntad política; esa que deben asumir gobernantes, de los tres órdenes de Gobierno; sin regateos, sólo con un ánimo de hacer que las cosas sucedan en beneficio de la sociedad. ¿Qué proponemos ante este clima de inseguridad?: La instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública con la participación de los tres poderes del Estado y la sociedad civil, tal como lo establece la ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Se instale una mesa de trabajo entre los tres poderes del Estado a fin de revisar el marco jurídico en materia penal, Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de realizar las reformas pertinentes que, garantizando el debido proceso, brinden seguridad a la sociedad chihuahuense. Se proponga un acuerdo con los Poderes de la Unión, que permitan una relación de confianza, comunicación y acuerdos, con mecanismos de evaluación objetivos que permitan avanzar en la solución del clima de inseguridad que priva en el Estado. Se realice un reajuste presupuestal a fin de adecuar las instalaciones de lo que antes era el Cefereso No. 9, ubicado en Ciudad Juárez, y con ello se busquen despresurizar los centros penitenciarios en el estado. Se solicite de manera formal a la Federación el traslado a penales federales de todas aquellas personas sentenciadas por delitos del fuero federal que representen un riesgo para la seguridad de los penales. Se impongan las medidas sancionadoras pertinentes para quienes, en uso de sus atribuciones legales, permitieron el ingreso de dinero, armas y otros objetos al interior del Cereso de Ciudad Juárez. Se implemente una política pública en materia de cultura de la legalidad y prevención social de la violencia, con la intervención del sector educativo, para garantizar la protección de la juventud chihuahuense. Se analice, redireccione y fortalezca la inversión pública en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios del Estado, en patrullas, equipo y prestaciones para las corporaciones policiales. Se convoque a partidos políticos a realizar un acuerdo en pro de la seguridad de Chihuahua, mediante colaboración puntual y observación crítica de los hechos, que permita trabajar en una estrategia de suma de intenciones positivas para Chihuahua. La seguridad es una tarea de todos, debemos asumir nuestra parte y decidirnos a participar en la solución de los problemas; la experiencia, la buena voluntad y actitud propositiva deben ser la fórmula que como sociedad debemos asumir.

La reforma electoral no es una prioridad

Mirando por el espejo retrovisor de la historia electoral de nuestro país, resulta prudente poner en contexto lo que en la realidad estamos viviendo; primero una acción del poder gubernamental inusitada de intervención pública en el proceso electoral; segundo una sucesión adelantada donde el fiel de la balanza y promotor de la misma es quien encabeza los destinos del país; un alejamiento del mundo y de los problemas que el entorno global plantea; un crecimiento desmedido de la inseguridad, particularmente la relacionada con el crimen organizado y, por último, una sociedad que comienza a despertar ante las acciones que realiza el Gobierno y sus aliados políticos.

Siempre existirá, en quien detenta el poder, un ánimo de permanencia en el quehacer público, pensando en que pueden mantener la continuidad de sus ideas o de su proyecto y, con ello, constituirse como poseedores del poder transexenal; desde tiempos del partido hegemónico, la sucesión presidencial resultaba un proceso estratégico de aspirantes, del partido y del presidente; buscando quien de los denominados presidenciables tenia mejores condiciones en la circunstancia de tiempo, modo y lugar; la regla era moverse poco en lo público, pero ir construyendo en lo privado; de ahí la expresión de “el que se mueve no sale en la foto’; hoy la realidad es que el titular de la presidencia de la republica señala quienes son los aspirantes de su partido, les marca la pauta de movimiento, los mueve a su antojo, los pone y quita de manera pública, sin pudor, haciendo uso de recursos públicos y de los instrumentos del poder para que se sepa que es él quien decidirá sobre su sucesor, su heredero o heredera lo llamaría él mismo. Sin embargo, la intromisión en las reglas del proceso, mediante una reforma electoral que busca modificar en su totalidad el sistema electoral mexicano, es un momento que ha dejado inquieta a la población y manda un mensaje negativo al mundo; una reforma que no busca la inclusión de ideas distintas a la propia, una reforma que pretende eliminar los órganos ciudadanos como el INE, los institutos locales, los tribunales electorales; este hecho genera una incertidumbre en la democracia mexicana; ya que fueron estos órganos quienes entregaron y dieron certeza a la elección de quien actualmente gobierna el país y que posee mayoría simple en el Congreso de la Unión.

Hablemos del presupuesto federal para Chihuahua

Esta semana inicia la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación; en el caso particular de la asignación presupuestal para Chihuahua, no presenta un crecimiento significativo de 2018 a 2023, en los últimos 5 años se observa un crecimiento del 2.46%; es decir, de cada peso que se presupuestó en 2018, para 2023 se presupuestarán 2 centavos adicionales para hacer frente a los retos que se tienen en el estado grande. Varios ramos del presupuesto federal para Chihuahua se ven severamente afectados, en un comparativo de 2018 a 2023: Infraestructura, Comunicaciones y Transportes presenta un menos 95.36%; Cultura un menos 73.71%; Economía un menos 55.18%; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano un menos 44.66%. No se proyecta en el PEF 2023 asignación de recursos para el programa de conservación de infraestructura y carreteras alimentadoras; ni para nuevos de construcción y conservación de tramos existentes, así que preparémonos para seguir viendo y sufriendo el deterioro de las carreteras del estado de Chihuahua. La pandemia dejó clara la vulnerabilidad de nuestro sistema se salud; pero lo más grave es que no se redireccionen recursos y estrategias para avanzar en el mejoramiento del mismo; este presupuesto federal plantea entregar a Chihuahua un presupuesto similar al que se recibió en 2018, solamente se dan 5 centavos adicionales por cada peso que se recibió en aquel tiempo y con la inflación se vuelve nada el recurso que hoy se pretende asignar.

En el rubro de Seguridad y Protección Ciudadana, previsto en el ramo 36 del PEF 2023, Chihuahua no tiene presupuesto asignado; hecho que contrasta con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por INEGI entre marzo y abril de 2022, donde señala que nuestro Estado registró una percepción de la población respecto a la inseguridad pública de 71.6%; es decir, hay una alta percepción de inseguridad y hay una nula inversión en los programas que permitan el fortalecimiento de los trabajos en la materia. Chihuahua es el único desierto que exporta agua, la atención a la tecnificación del campo y el apoyo a los productores para ese propósito es una política pública que debe mejorarse y aumentar su inversión; sin embargo, la reducción presupuestal en la materia para Chihuahua es de un 40%; tendremos, sin duda alguna problemas con el tema del agua, derivado de la determinación política incomprensible de la Federación. No cabe duda que en estos años ha quedado demostrado el dicho que dice “estábamos mejor, cuando decían que estábamos peor”; la inversión para Chihuahua disminuye, no se aprecia un crecimiento, no se dan anuncios importantes de proyectos que generen competitividad; hay un centralismo hacendario excesivo, quitando a las entidades federativas capacidad de acción y decisión que permitan avanzar en la solución de los problemas que se presentan; esperemos que exista una variación en la inercia presupuestal, pero la realidad indica que no será así.